La Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (Anejud), ante la decisión de de la Corte de Apelaciones de Rancagua –y confirmada por la Corte Suprema-, que acordó sancionar al magistrado, Luís Barría Alarcón con la suspensión de  tres meses con goce de la mitad del sueldo, por un sumario abierto que confirmó la veracidad de las denuncias reiteradas por acoso sexual, declara:

Rechazamos categoricamente esta resolución toda vez que, no otorga una sanción ejemplar al “acosador”, pues lo matiene en el Poder Judicial, y tampoco otorga medidas de protección a las víctimas del acoso sexual reiterado que cometió el magistrado Barría.

Afirmamos que el Poder Judicial no debe ser condescendiente en sus sanciones, al contrario, debe buscar la prevención, el acompañamiento y la reparación de las víctimas, más aún tratándose de un poder del Estado que por su naturaleza debiera actuar en justicia y defensa de los y las mas vulnerables.

Nos parece lamentable además, que esta resolución se conozca en un contexto de crisis donde ha sido la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que ha develado cifras alarmantes “más de 800 millones de mujeres han sufrido alguna forma de violencia o acoso, desde agresiones físicas o verbales, a hostigamiento e intimidación”, destacando que el mundo del trabajo, tanto el sector público como privado, no está excento a este fragelo.

Reafirmamos que el trabajo  forma parte esencial de los Derechos Humanos y que para hacerlo efectivo a cabalidad, se requiere tener estándares básicos garantizados y desarrollarse en ambientes saludables, libres de prácticas de violencia y acoso en cualquiera de sus expresiones.

Ante los hechos, Anejud solidariza con las funcionarias del Juzgado de Garantia de Rancagua, y exige al máximo tribunal que revise sus políticas de género, inclusión y no discriminación, y práctique con el ejemplo sancionando con el rigor de la ley al ACOSADOR!