Anejud rechaza que el retiro del 10% de los fondos no incluya a los/as funcionarios/as públicos

La Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile (ANEJUD), valoró positivamente hoy la decisión de la Cámara de Diputados que este miércoles aprobó en general el proyecto de ley que permitirá el retiro anticipado de fondos previsionales, con el objetivo de hacer frente a la crisis económica y sanitaria derivada del coronavirus, al tiempo de rechazar la indicación introducida por parlamentarios UDI, de excluir del proyecto a las y los funcionarios públicos, entre ellos a los/as  funcionarios/as del Poder Judicial.

La indicación al proyecto, tiene el objetivo de excluir a ciertos trabajadores/as de los alcances de la norma: «No podrán hacer uso del retiro establecido en el inciso primero los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, de las Municipalidades, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que tenga aportes, participación o representación», señala la indicación.

De lo anterior, Anejud manifiesta su absoluto rechazo a tal indicación, basada en una discriminación arbitraria que atenta contra el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la igualdad ante la ley garantizada por el art. 19 N° 2 de la Carta Fundamental, discriminando, sin sustento legal alguno, a un importante sector de la fuerza laboral del país como son las y los trabajadores públicos, negando el derecho que tendrán los demás cotizantes del sistema de disponer de sus fondos en momentos de crisis económica.

La igualdad ante la ley se trata de una igualdad jurídica que impide que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos/as de lo que se concede a otros/as en similares circunstancias.  Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, una medida que establece diferenciación de personas o grupos humanos solo es aceptable si la misma obedece a criterios de razonabilidad, objetividad, proporcionalidad, y que la medida esté acorde con la finalidad que persigue el legislador al establecer la distinción.

Es por eso, que reiteramos nuestro rechazo a la indicación toda vez que no sólo es arbitraria, sino que no se ajusta a la lógica ni a la razón, al establecer diferencias arbitrarias entre los trabajadores/as del sector privado y público, si todos sin distinción, somos cotizantes activos en las AFP.

Directorio Nacional Anejud

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