Cerca de una hora estuvieron reunidos los integrantes del Directorio Nacional de Anejud, encabezados por su presidenta, Gema Águila, y el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva para abordar las principales preocupaciones del gremio: las denuncias por acosos sexual de socias de la organización y las demandas laborales que aún no tienen respuestas por parte de la autoridad.
Respecto a los casos de acoso sexual, la presidenta del gremio lamentó que “este tipo de situaciones se sigan reiterando en el Poder Judicial y que estén afectando principalmente a las empleadas del sector que están siendo objeto de acoso por parte de sus jefaturas, pese a las políticas de género que está implementando la Suprema y las campañas anti acoso”.
En ese sentido, se refirió a los casos vividos en Copiapó y Rancagua y solicitó a la máxima autoridad de la Corte Suprema, “que se adopten medidas efectivas para resguardar la dignidad y la salud de las funcionarias judiciales que hoy se sienten desamparadas ante situaciones que se repiten con frecuencia (como es el acoso) a lo largo de los tribunales del país”.
Demandas sin respuestas
Ante las múltiples situaciones que han sido presentadas a la Corte Suprema por parte del gremio, el Directorio Nacional pidió celeridad de la respuesta a algunas peticiones como: la conformación de una mesa técnica de teletrabajo; mayor flexibilidad en las pautas del proceso de calificaciones; que se destine presupuesto para las contratas transitorias en los tribunales de Familia y de Garantía, y que se revisen los indicadores de las metas de gestión y se modifiquen de acuerdo a la coyuntura provocada por la pandemia.
“La pandemia ha azotado los esfuerzos y compromiso de nuestros asociados con un instrumentalizado procedimiento de calificaciones anuales como si estuviésemos funcionando en normalidad, sin ninguna consideración por los esfuerzos y vocación de servicio con la cual hemos puesto el hombro para dar continuidad al servicio con ocasión de nuestras responsabilidades laborales”, señaló la vicepresidenta de la Anejud, Karin Mendoza quien agregó que ante una eventual aprobación de la ley para el segundo retiro del 10% de las AFP, los tribunales de familia volverán a colapsar, cargándose nuevamente la mano a las y los empleados judiciales de esos centros de justicia.
“La única respuesta de la autoridad ha sido reforzar la judicatura que es lo que en derecho corresponde para cautelar el derecho fundamental de las usuarias del Poder Judicial como lo es “el acceso a la justicia”, descuidando por otra parte, los recursos humanos administrativos que conforman todo el engranaje de este Poder del Estado. Misma situación nos preocupa con la falta de dotación ante la inusual sobre carga de trabajo en pandemia de los Juzgados de Garantía, a quienes se les sobre exige sin siquiera respetar sus días compensatorios”, explicó Mendoza.
De lo anterior, el Directorio Nacional solicitó al Presidente de la Corte Suprema reconsiderar el petitorio ante el Pleno para que se adopten las medidas efectivas para dar una solución real a los miles de empleados y empleadas judiciales que se han comprometido más allá de sus posibilidades, con las tareas encomendadas pese a las condiciones laborales desfavorables que originó el trabajo remoto a distancia temporal.
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