La Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (Anejud), ante la decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de sobreseer, por una parte, la acusación de una denunciante del año 2006, y aplicar sólo una medida disciplinaria de suspensión de funciones por tres meses con goce de medio sueldo al Juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Barria Alarcón, acusado por haber acosado sexualmente a dos funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua, lamentó la medida.
“Rechazamos tajantemente la decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua pues consideramos que los relatos descritos por las denunciantes y que describen detalladamente distintas acciones de acoso de carácter sexual, explícita o implícita tales como tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, ameritaban una sanción ejemplificadora para, de una vez por todas, erradicar el acoso sexual de nuestros espacios laborales”, declaró el Directorio Nacional en una declaración publicada en sus redes sociales y enviada a las bases.
Destcando que la medida, se da en el marco de la firma por parte de Chile del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), reafirmando el compromiso permanente del Estado Chileno con la promoción y protección de los derechos humanos y el empoderamiento de la mujer, y con la igualdad de género, objetivos que se expresan en nuestro ordenamiento jurídico, “pero que a nivel del Poder Judicial pareciera que se incumple”, dijeron.
“El hostigamiento, la violencia y, en particular, el acoso sexual, constituyen formas de discriminación contra las mujeres, que tiene por resultado menoscabar el goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, y de no existir medidas condenatorias elevadas, estas situaciones se seguirán viviendo a lo largo de los tribunales y centros de justicia en el país”, enfatizó la declaración.
Junto que resaltar que “nuestra organización viene trabajando seriamente en campañas contra la violencia y el acoso sexual – laboral, y más recientemente a favor de la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, pues de ser ratificado, constituirá una importante herramienta que nos podrá ayudar a mejorar las condiciones laborales en nuestro país y a avanzar en la construcción de una cultura laboral basada en el respeto”
El gremio de los empleados y empleadas judiciales, puntualizó tamboén que las convenciones internacionales como la CEDAW y el Convenio 190 de la OIT, son letra muerta si la Corte Suprema no vela en forma efectiva por los Derechos Humanos de sus funcionarias, y genera condiciones para garantizar ambientes saludables, libres de prácticas de violencia y acoso en cualquiera de sus expresiones.
¡No nos sentimos seguras! Por lo que llamamos al máximo Tribunal a que revise sus políticas de género e inclusión, y practique con el ejemplo sancionando con el rigor de la ley al ACOSADOR!