Por cerca de una hora estuvo reunido el Directorio Nacional de Anejud, liderado por su presidenta Lilian Huanca Borja con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar para presentar a las y los integrantes del nuevo colegiado y conversar acerca de las demandas del gremio.
La presidenta de Anejud, destacó el hecho de que ningún dirigente y dirigenta nacional es de Santiago, y valoró positivamente “la descentralización de la organización y la visibilización de las regiones en esta nueva gestión”.
Junto con lo anterior, planteó que en este periodo el nuevo directorio tiene como desafíos seguir trabajando en los canales de comunicación interna de la asociación y empoderar a los socios y socias mediante la capacitación.
Desde el punto de vista laboral, Huanca puso énfasis en la carga laboral que debieron enfrentar las y los funcionarios en pandemia, y las presentaciones que se hicieron a la Corte Suprema “en que pedíamos algunas adecuaciones a normativas del acta 41, para definir correctamente la jornada laboral en régimen de teletrabajo y regular el derecho a desconexión”.
Además, se refirió a la necesidad de tener un retorno a la presencialidad seguro y a los cambios que la Anejud está solicitando al protocolo COVID, situación que la máxima autoridad del Poder Judicial señaló que “lo iba a revisar la comisión técnica COVID y la mesa que estaba trabajando el tema”.
Para apoyar lo anterior, la vicepresidenta del gremio, Claudia Oporto hizo hincapié en el temor de la organización respecto a la discrecionalidad de algunos administradores a la hora de aplicar el protocolo, así como también lo que estaba pidiendo el gremio sobre el dictamen N° 1050 de la Dirección del Trabajo.
“Anejud ha solicitado en la Mesa de Técnica Covid de la Corte Suprema que las y los trabajadores del Poder Judicial que tengan hijos menores de 12 años puedan acogerse a este dictamen y adecuar el protocolo”, puntualizó Oporto.
Junto con lo anterior, la presidenta de Anejud habló sobre el incentivo al retiro y el hecho de que el año 2024 caducará la ley, por lo que planteó la necesidad de establecer un nuevo incentivo de carácter permanente y no transitorio. Esta demanda, fue abordada junto a las mejoras salariales que las y los empleados no tienen hace más de 15 años, así como también los casos de acoso que siguen dándose en algunos tribunales de país.
“Nuestro compromiso como gremio es asegurar el respeto de la integridad de nuestros socios y socias en todos los espacios laborales, y seguiremos trabajando para poner fin al acoso y la violencia en el sector justicia”, señaló Huanca.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema agradecía la instancia de diálogo con el gremio, y llamó a los nuevos dirigentes a colaborar para motivar a sus socios a volver a la presencialidad.
“Somos el único poder del Estado que en un gran porcentaje aún continúa en teletrabajo, y no sólo los funcionarios”, dijo la autoridad, al tiempo de ejemplificar que existen tribunales que están funcionando con uno o dos personas, situación que es insostenible.
