Por primera vez un juez de la república será formalizado por presunto abuso sexual, ocasión en que el directorio nacional de la Anejud estará presente en Rancagua para acompañar y solidarizar con las víctimas, y refrendar el compromiso de la organización de demandar espacios laborales libres de violencia y acoso.
Las denuncias fueron ingresadas en forma anónima al ministerio público en julio de 2020 y revelaban que las funcionarias del Juzgado de Garantía de la ciudad de Rancagua eran víctimas de acoso sexual y laboral por parte del juez titular de dicho tribunal: el reconocido magistrado de la Sexta Región, Luis Barría Alarcón.
A los pocos días de la denuncia, en agosto de 2020 la corte de apelaciones de Rancagua inició un sumario administrativo a cargo de la fiscal judicial, Natalia Rencoret quien acreditó el caso de Margarita Becerra y Bannia Guzmán y el de otras mujeres. Pese a considerar como veraz el relato de una tercera funcionaria, al ser hechos del año 2006 se consideraron prescritos. El cuarto caso también fue acreditado, pero la mujer decidió no sumarse como denunciante.
Luego del sumario administrativo, el magistrado recibió una suspensión temporal con goce de medio sueldo y fue removido a otro tribunal. El julio del año 2021, la Corte Suprema lo nombró relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua, pese a que en febrero de dicho año dos de las denunciantes presentaron una querella criminal por el delito de abusos sexuales reiterados, en contra del ahora exmagistrado.
“Desde la presentación de la querella transcurrió mucho tiempo, se hicieron muchas diligencias porque pedimos como parte querellante que se tomara la declaración de otros funcionarios y ahí se dieron cuenta de los hechos. Él como imputado también presentó pruebas y solicitamos copia de la investigación, además, pedimos una entrevista con la fiscal que aún no se concreta”, explica Katherine Villagra, abogada de las denunciantes.
A dos años de la denuncia anónima, una resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua –emitida el 4 de agosto de 2022, confirmó que para el 9 de septiembre está fijada la audiencia de formalización de Luis Barría, por el delito de abuso sexual en contra de una funcionaria del tribunal de la citada ciudad. Esto, debido a que la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Santa Cruz, Carmen Agurto, solicitó formalizarlo por abuso sexual en circunstancias de violación –hechos ocurridos en agosto de 2018–.
La Asociación Nacional de Empeladas y Empleados del Poder Judicial (Anejud) ha acompañado el caso desde el inicio, su ex presidenta, Gema Águila incluso se trasladó a Rancagua en su oportunidad para solidarizar con las víctimas y repudiar “las situaciones abusivas que se vienen generando en el sector judicial en el país”, espetó en la oportunidad la representante de la Asociación, al tiempo de señalar que “las prácticas de abuso sexual y de discriminación de género y arbitrarias de cualquier tipo, son inaceptables pues vulneran el mínimo respeto a la integridad en todos los espacios donde “nos desenvolvemos y realizamos nuestro trabajo”.
Por su parte, la presidenta nacional del gremio, Lilian Huanca, afirmó que lo de mañana será inédito y ejemplificador pues “jamás un juez ha sido formalizado al interior del Poder Judicial por este tipo de denuncia, a pesar, que como organización hemos recibido muchas denuncias de este tipo”.
Huanca también se refirió a los espacios de diálogo que se han generado en la Corte Suprema en materia de género y no discriminación, sin embargo, a la luz de los hechos, “nos parece que las acciones siguen siendo insuficientes para frenar el acoso y abuso sexual en nuestro sector y que afecta principalmente a las empleadas del Poder Judicial”.
Además, la dirigenta valoró la valentía que tuvieron las víctimas a la hora de denunciar y de continuar el proceso hasta las últimas consecuencias, pues canalizar este tipo de acusaciones se vuelve ineficaz por cuanto las víctimas por lo general mantienen el vínculo de subordinación y dependencia con el agresor en su mayoría.
Por primera vez un juez de la república será formalizado por presunto abuso sexual, ocasión en que el directorio nacional de la Anejud estará presente en Rancagua para acompañar y solidarizar con las víctimas, y refrendar el compromiso de la organización de demandar espacios laborales libres de violencia y acoso.
Las denuncias fueron ingresadas en forma anónima al ministerio público en julio de 2020 y revelaban que las funcionarias del Juzgado de Garantía de la ciudad de Rancagua eran víctimas de acoso sexual y laboral por parte del juez titular de dicho tribunal: el reconocido magistrado de la Sexta Región, Luis Barría Alarcón.
A los pocos días de la denuncia, en agosto de 2020 la corte de apelaciones de Rancagua inició un sumario administrativo a cargo de la fiscal judicial, Natalia Rencoret quien acreditó el caso de Margarita Becerra y Bannia Guzmán y el de otras mujeres. Pese a considerar como veraz el relato de una tercera funcionaria, al ser hechos del año 2006 se consideraron prescritos. El cuarto caso también fue acreditado, pero la mujer decidió no sumarse como denunciante.
Luego del sumario administrativo, el magistrado recibió una suspensión temporal con goce de medio sueldo y fue removido a otro tribunal. El julio del año 2021, la Corte Suprema lo nombró relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua, pese a que en febrero de dicho año dos de las denunciantes presentaron una querella criminal por el delito de abusos sexuales reiterados, en contra del ahora exmagistrado.
“Desde la presentación de la querella transcurrió mucho tiempo, se hicieron muchas diligencias porque pedimos como parte querellante que se tomara la declaración de otros funcionarios y ahí se dieron cuenta de los hechos. Él como imputado también presentó pruebas y solicitamos copia de la investigación, además, pedimos una entrevista con la fiscal que aún no se concreta”, explica Katherine Villagra, abogada de las denunciantes.
A dos años de la denuncia anónima, una resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua –emitida el 4 de agosto de 2022, confirmó que para el 9 de septiembre está fijada la audiencia de formalización de Luis Barría, por el delito de abuso sexual en contra de una funcionaria del tribunal de la citada ciudad. Esto, debido a que la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Santa Cruz, Carmen Agurto, solicitó formalizarlo por abuso sexual en circunstancias de violación –hechos ocurridos en agosto de 2018–.
La Asociación Nacional de Empeladas y Empleados del Poder Judicial (Anejud) ha acompañado el caso desde el inicio, su ex presidenta, Gema Águila incluso se trasladó a Rancagua en su oportunidad para solidarizar con las víctimas y repudiar “las situaciones abusivas que se vienen generando en el sector judicial en el país”, espetó en la oportunidad la representante de la Asociación, al tiempo de señalar que “las prácticas de abuso sexual y de discriminación de género y arbitrarias de cualquier tipo, son inaceptables pues vulneran el mínimo respeto a la integridad en todos los espacios donde “nos desenvolvemos y realizamos nuestro trabajo”.
Por su parte, la presidenta nacional del gremio, Lilian Huanca, afirmó que lo de mañana será inédito y ejemplificador pues “jamás un juez ha sido formalizado al interior del Poder Judicial por este tipo de denuncia, a pesar, que como organización hemos recibido muchas denuncias de este tipo”.
Huanca también se refirió a los espacios de diálogo que se han generado en la Corte Suprema en materia de género y no discriminación, sin embargo, a la luz de los hechos, “nos parece que las acciones siguen siendo insuficientes para frenar el acoso y abuso sexual en nuestro sector y que afecta principalmente a las empleadas del Poder Judicial”.
Además, la dirigenta valoró la valentía que tuvieron las víctimas a la hora de denunciar y de continuar el proceso hasta las últimas consecuencias, pues canalizar este tipo de acusaciones se vuelve ineficaz por cuanto las víctimas por lo general mantienen el vínculo de subordinación y dependencia con el agresor en su mayoría.
