Ante la sesión programada para el 11 de marzo, en la que se votará con suma urgencia el texto refundido del Proyecto de Ley de Nombramientos del Poder Judicial, manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto que esta iniciativa tendrá en el sistema de justicia de nuestro país.
Diversos sectores, incluyendo nuestros asociados y asociadas, han expresado serias inquietudes sobre la incertidumbre del proceso de nombramientos en el Poder Judicial, el cual excluye al estamento de empleados y empleadas, perpetuando una situación que no resuelve el problema estructural y orgánico que nos afecta: la ausencia de una carrera funcionaria.
Además, la reforma propuesta genera aún más incertidumbre al eliminar las facultades administrativas y económicas de los jueces, manteniendo únicamente las jurisdiccionales. Esto plantea una contradicción evidente: ¿quién asumirá entonces la responsabilidad de los nombramientos? De aprobarse este proyecto en su forma actual, tendrá consecuencias graves para más de ocho mil empleados y empleadas judiciales, afectando nuestras posibilidades de desarrollo profesional y poniendo fin a nuestras históricas luchas por el reconocimiento efectivo de la carrera funcionaria.
Por estas razones, solicitamos la suspensión de la votación final del proyecto de ley hasta que se aborden adecuadamente los siguientes puntos clave:
- Claridad en los procesos de nombramiento: Es fundamental establecer un marco claro y preciso sobre cómo se definirán los nombramientos en todos los estamentos del Poder Judicial. La falta de definiciones puede afectar la independencia y eficacia del sistema judicial.
- Garantías para la carrera funcionaria: Se debe asegurar el reconocimiento y resguardo de los derechos y la carrera profesional de los empleados judiciales, garantizando que las nuevas estructuras no vulneren nuestra estabilidad laboral ni nuestras oportunidades de desarrollo.
- Diálogo inclusivo y participación democrática: Proponemos la apertura de un espacio de diálogo formal que incluya a representantes de los empleados judiciales, expertos en la materia y otros actores relevantes. La participación de todos los estamentos en decisiones que afectan el funcionamiento del Poder Judicial no es solo una necesidad técnica, sino un principio democrático fundamental. La justicia y su administración deben construirse con el aporte de quienes la sostienen día a día.
- Evaluación integral de la reforma: Antes de proceder con la votación, es imprescindible realizar un análisis exhaustivo que contemple todos los aspectos de la reforma, asegurando que se adopten las mejores prácticas y se minimicen los riesgos de impacto negativo en el sistema judicial.
La justicia en Chile debe construirse sobre bases sólidas, participativas y democráticas.
Por lo tanto, instamos a los miembros de esta Honorable Comisión a reflexionar sobre la importancia de estos puntos y a propiciar un proceso legislativo que respete la integridad del Poder Judicial y de todos sus integrantes, desde el más humilde de sus trabajadores hasta las más altas autoridades.
Directorio Nacional
