En una sesión clave para el futuro del Poder Judicial, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 9 votos a favor, la idea de legislar la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Además, accedió a recibir los planteamientos de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud) en la discusión en particular del proyecto.
La iniciativa refundida, que agrupa propuestas del Ejecutivo y del Congreso, introduce cambios profundos en el sistema de designaciones en el Poder Judicial. Entre ellos, establece nuevos criterios de evaluación, separa las funciones jurisdiccionales y administrativas y busca mayor transparencia en los nombramientos. Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos desde Anejud, que denuncia la omisión de regulaciones para los más de 8 mil funcionarios y funcionarias judiciales, dejándolos sin garantías sobre estabilidad laboral y carrera funcionaria.
Anejud en el Congreso: demandas por estabilidad laboral
La dirigencia nacional de Anejud, encabezada por su presidente, Nicolás Santibáñez, junto a la secretaria nacional, Karin Mendoza, y la dirigenta regional de Valparaíso, Fabiola Costa, participó en la sesión y sostuvo reuniones bilaterales con parlamentarios antes de la votación para exponer su preocupación sobre la falta de un marco normativo para los funcionarios judiciales.
“El proyecto solo regula a los trabajadores que dependerán de los nuevos organismos autónomos, excluyendo a la mayoría de los empleados judiciales. Esto no solo es una omisión grave, sino un trato discriminatorio que contradice los compromisos internacionales de Chile en materia laboral”, advirtió Santibáñez.
Karin Mendoza, por su parte, enfatizó que la reforma profundiza la precarización laboral al no establecer mecanismos claros para selección y ascensos. “Hoy en día, los funcionarios judiciales no tienen posibilidad real de ascenso. Llevamos más de 20 años con un sistema que estanca la carrera funcionaria, favoreciendo el ingreso de personal externo en desmedro de quienes han dedicado su vida al Poder Judicial. Esto ha generado sesgos de género y edad en las contrataciones”, denunció.
Debate parlamentario: posturas divididas sobre la reforma
Durante la sesión, los diputados expusieron visiones encontradas sobre la reforma. Algunos recalcaron la urgencia de transparentar el sistema de nombramientos, mientras otros insistieron en la necesidad de incluir a todos los actores del Poder Judicial en la discusión.
La diputada Javiera Morales alertó sobre el riesgo de mantener un sistema permeable al lobby y el nepotismo. “Hemos visto cómo jueces y sus cercanos gestionan sus nominaciones, poniendo en duda su imparcialidad en las sentencias. Esta reforma debe corregir ese problema y garantizar un sistema basado en méritos”, sostuvo.
El diputado Luis Sánchez, en tanto, señaló que la justicia “está lejos de ser perfecta”, pero instó a que el debate no se limite solo a los jueces. “Debemos revisar también los mecanismos de control disciplinario. Hoy en día, los jueces se evalúan entre ellos mismos, lo que genera falta de rendición de cuentas y arbitrariedad”, advirtió.
Por su parte, el diputado Leonardo Soto respaldó la reforma, aunque con matices. “El sistema de nombramiento judicial tocó fondo. En la Corte Suprema han surgido redes de protección, corrupción y nepotismo, como evidenció el caso Hermosilla. Esta reforma es necesaria, pero debe garantizar total transparencia”, afirmó.
Desde el oficialismo, el presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto, defendió el proyecto como un paso hacia la recuperación de la confianza en la justicia. “No podemos ignorar que la ciudadanía tiene serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial. Esta no es una reforma revolucionaria, pero avanza en transparencia y objetividad en los nombramientos”, explicó.
Expertos advierten sobre vacíos en la reforma
En la sesión también intervinieron los académicos Esteban Szmulewicz (Universidad Católica del Norte) y Fernando Atria (Universidad de Chile), quienes señalaron vacíos en la propuesta.
Szmulewicz destacó la necesidad de dotar al nuevo Consejo de Nombramientos Judiciales de mecanismos efectivos de transparencia. “El derecho comparado muestra que la politización en los nombramientos puede socavar la independencia judicial. Es clave establecer criterios objetivos y reducir la discrecionalidad en los procesos”, advirtió.
Por su parte, Atria criticó el sistema de ratificación de jueces en el Senado. “Actualmente, funciona como un acuerdo entre bancadas para distribuir cargos, desvirtuando la meritocracia. La reforma debería obligar a cada senador a justificar públicamente su voto, asegurando que el elegido sea el mejor candidato y no el mejor conectado políticamente”, sentenció.
El llamado de Anejud a los parlamentarios
Anejud insiste en que la reforma debe incluir un sistema de nombramientos basado en criterios objetivos, garantizando transparencia y equidad en el acceso y ascenso dentro del Poder Judicial.
La organización exige la creación de un organismo independiente que supervise los procesos de selección y administración de los empleados judiciales, evitando arbitrariedades y discriminación. Asimismo, propone la implementación de un Estatuto Único que regule la carrera funcionaria, asegurando estabilidad laboral, promoción interna y acceso a formación continua.
Para el gremio, es fundamental que la transición hacia este nuevo modelo no ponga en riesgo la estabilidad laboral de los actuales funcionarios y que se garantice un diálogo efectivo con sus representantes.
El Directorio Nacional hizo un llamado a sus bases a intensificar las gestiones con parlamentarios de sus regiones para presionar por la incorporación de sus demandas en las indicaciones, cuyo plazo de presentación vence el 7 de abril.
A la salida de la sesión, el presidente de Anejud, Nicolás Santibáñez, reafirmó la postura del gremio: “Este proyecto nos deja en una situación de incertidumbre laboral inaceptable. Sin embargo, valoramos que varios diputados hayan apoyado la moción de ser escuchados cuando se vote artículo por artículo esta reforma”.
La Comisión de Constitución continuará con la discusión en particular del proyecto en las próximas semanas, mientras Anejud redobla sus esfuerzos para que la voz de los trabajadores judiciales sea incluida en la reforma antes de su votación final.
