En el marco de la conmemoración de su 58° aniversario, la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD Chile) y su directorio regional Concepción-Arauco, en colaboración con la Red Chilena de Justicia Abierta, organizaron un conversatorio clave para abordar el desafío del acceso a la justicia y la modernización del Poder Judicial. La actividad, titulada “Transferencia de Políticas Públicas: Proyecto Facilitadores Judiciales Internos de ANEJUD Chile”, se realizó en el Auditorio de la Corte de Apelaciones de Concepción.
El evento fue moderado por el destacado Juez de Policía Local de Gorbea, Andrés Celedón Baeza, y reunió a un diverso grupo de asistentes. Entre ellos se encontraban el Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Ministro Camilo Álvarez Órdenes; el Presidente del Colegio de Abogados de Concepción Ramiro Mendoza; Guido Hernández, vocero de la coordinadora provincial de Concepción de No+AFP,; representantes de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Hualpén; dirigentas de juntas de vecinos de Hualpén; funcionarios judiciales de Cañete, Concepción y Talcahuano; y estudiantes de Derecho de la Universidad Santo Tomás.
La exposición principal estuvo a cargo del abogado y consultor Ilpes CEPAL y presidente de la Anfudp, Peter Sharp Vargas. Con una magistral elocuencia, el Sr. Sharp expuso sobre la implementación del modelo de facilitadores judiciales en Latinoamérica, el rol fundamental que desempeñan y los aportes significativos que han entregado a los poderes judiciales en el marco de la «justicia abierta»
Posteriormente, la Secretaria Nacional de ANEJUD Chile, Karin Mendoza Sepúlveda, presentó el Proyecto de Facilitadores Judiciales Internos, una iniciativa que busca crear el cargo “facilitador judicial interno”, transformando el rol del «funcionario tras el mesón» para llevar la labor judicial a terreno, orientar a la comunidad y prestar servicios que mejoren el acceso a la justicia en sectores de más difícil acceso.
El proyecto nace como una respuesta a la crisis institucional del Poder Judicial y busca transformar este desafío en una oportunidad para innovar, tomando como referencia modelos latinoamericanos exitosos.
El modelo propuesto está basado en los principios de «Justicia Abierta», un diálogo permanente entre el ecosistema de justicia y la ciudadanía, que promueve la transparencia, participación y colaboración.
El conversatorio fue valorado como una instancia crucial para el diálogo y la colaboración entre diferentes actores sociales, judiciales y académicos, demostrando el interés transversal en encontrar soluciones efectivas para garantizar que el acceso a la justicia sea un derecho real para todos los ciudadanos.
