«En los últimos 3 años, producto de la pandemia, la ciudadanía ha tomado una mayor conciencia respecto a que digitalización y la inteligencia artificial están cambiando la manera de funcionar de los servicios públicos, tanto para los usuarios como para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. La forma en que los gobiernos aborden el proceso de digitalización influirá en esos cambios. Sus acciones tendrán consecuencias negativas si los gobiernos conciben la digitalización como una manera de externalizar funciones y de abdicar aún más de sus responsabilidades y de su poder. Y efectos positivos, si los gobiernos dirigen el proceso de digitalización, definen sus normas, establecen límites y aplican procedimientos de control que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos y la prestación de ellos».
Con estas palabras, la presidenta de Anejud Chile, Lilian Huanca, inició el Encuentro Internacional “Digitalización y nuevas tecnologías en el marco de los desafíos del sector judicial y la acción sindical» organizado por el sub-departamento de Ciencias y Tecnologías de Anejud, encabezado por los directores Juan Carlos Hidalgo y Rodrigo Salinas; la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ) y la oficina del Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos.
«Estamos conscientes desde el sector judicial, de que el auge de las plataformas digitales destinadas a intermediar en línea en el trabajo de la administración de la justicia, está permitiendo la expansión de nuevas formas de relaciones laborales, esencialmente en condiciones atípicas y precarias. Esto tiene importantes repercusiones y consecuencias sobre los derechos laborales y la negociación, la cohesión social y los derechos humanos y de los trabajadores», prosiguió Huanca.
El encuentro, que tuvo como propósito compartir y profundizar inquietudes y problemáticas relacionadas con la incorporación de las nuevas tecnologías y su impacto en la justicia y acción sindical, tuvo a cerca de 60 participantes provenientes de Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, quienes debatieron acerca de la transformación digital y el rol de los sindicatos para asegurar que el futuro digital no viole los derechos de las y los trabajadores, y que mejoren -no deterioren- la vida de las personas.
«Debemos estar vigilantes y demandar una buena gobernanza – ocupando nosotros un lugar en la mesa. Debemos defender y desarrollar nuestros derechos. Debemos reivindicar que somos parte de cualquier transformación digital sea a nivel nacional, regional, local o sectorial. Y debemos demandar que nuestros gobiernos en todo el mundo coloquen los intereses de largo plazo de su pueblo por sobre una fe ciega en los milagros de la tecnología digital. El riesgo de la austeridad llega en un tiempo en el cual necesitamos más inversiones sostenibles, regulación de incontables corporaciones, e innovación a partir del Estado – y nada menos», señaló la secretaria subregional para los países del Cono Sur, Nayareth Quevedo, al tiempo de asegurar que la ISP seguirá demandando la centralidad de los servicios público y un rol preponderante del Estado en el control de los datos, con especial interés en el sector judicial.
La actividad además, con la participación de grandes expositores como Fernando Cordero (Unión de Empleados Judiciales de Argentina – UEJN); Matías D’Onofrio (Asociación del Personal Legislativo); Gabriel Casnati (Coordinador Regional del proyecto de Digitalización de la ISP) y Pablo Cabezas (Coordinador del Proyecto Conecta del Poder Judicial de Chile) que se refirieron al impacto general de la digitalización en los servicios públicos y en el sector justicia, desde los aspectos positivos como la contribución a mejorar la rendición de cuentas democráticas y la confianza que las tecnologías pueden entregar a las y los usuarios, hasta aspectos negativos como el acceso a los datos de las y los trabajadores sin control, la amenaza a la privatización de los servicios públicos; crear una peligrosa dependencia de las instituciones públicas con respecto a los proveedores privados de tecnología digital; y profundizar las desigualdades entre los usuarios de los servicios públicos.
Al finalizar el encuentro, y luego del debate que generaron los trabajos de grupo, acordó un plan de acción para la CLTPJ, en el marco de la política de la ISP, con énfasis en las actividades de formación en materia de alfabetización y digitalización.
