La Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial de Chile (Anejud), representada por su presidente Nicolás Santibáñez, se manifestó esta tarde respecto a la aprobación de la acusación constitucional conjunta contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, ministros de la Corte Suprema.
“Lamentamos esta situación y reprochamos con total convicción cualquier acto que manche la transparencia de nuestras instituciones judiciales”, señaló Santibañez. “Este tipo de situaciones afectan gravemente la imagen de quienes trabajamos día a día para garantizar la justicia en el país, en especial de los más de 8 mil empleados y empleadas del Poder Judicial que laboran en las unidades judiciales a lo largo de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas.
En medio de la situación, la asociación gremial reiteró que se encuentra observante del desarrollo de la investigación en curso, conocida como el “caso audios”, y pidió que se limpien las instituciones afectadas por este escándalo. “Queremos que se proteja la integridad del sistema judicial y que no se dañe la imagen de quienes, de forma honesta y profesional, administramos la justicia en Chile”, destacó el presidente de Anejud.
Además, Santibáñez subrayó que estos hechos refuerzan la necesidad urgente de una reforma estructural en el Poder Judicial. “Este modelo de administración de justicia, que es piramidal/ colonial que data del siglo XIX, no se sostiene más. Los hechos recientes demuestran que es necesario replantear el sistema para asegurar que la justicia sea transparente y accesible a todas y todos, sin privilegios ni influencias indebidas”.
Por último, desde Anejud también se enfatizó que esta crisis se suma a las demandas de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector. “No permitiremos que estas acciones ensucien las aspiraciones legítimas que tenemos por mejores condiciones laborales. Estamos convencidos que un Poder Judicial fortalecido en dotación y recursos, permitirá que la justicia llegue a tiempo y sin privilegios”, concluyó Santibáñez.
“Las 17 Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país, y los 465 tribunales de primera instancia que dependen de ellas, funcionan desde hace años con un déficit de dotación que pone en peligro la legitimidad, seriedad y la confianza por este poder del Estado”, enfatizó Santibañez al tiempo, de señalar que el gremio seguirá de cerca la evolución del caso y mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos de sus afiliados y la mejora continua del sistema judicial en su conjunto.
