En una jornada marcada por la preocupación transversal por el futuro del Estado y sus capacidades para responder a las necesidades de la ciudadanía, la Alianza Estratégica de las Asociaciones de Funcionarios de los Tres Poderes del Estado sostuvo este martes una importante audiencia con el diputado Boris Barrera Moreno, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
La instancia reunió a representantes de la Federación Nacional de Asociaciones del Palacio de La Moneda (FENAPAL), la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (FEDACON), la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) y la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), acompañados por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). En representación de ANEJUD participaron su presidente nacional, Nicolás Santibáñez Ramírez, y la secretaria nacional, Karin Mendoza.
El eje de la reunión fue claro: advertir que el debate presupuestario 2026 no puede transformarse en un “desmantelamiento silencioso de la capacidad de servicio estatal”, como plantearon las asociaciones en su minuta. Para la Alianza, las restricciones actuales ya se sienten en la operación diaria de oficinas, tribunales y unidades administrativas, afectando directamente la atención que reciben miles de personas en todo el país.
“Lo que estamos enfrentando es una crisis operativa y social que pone en riesgo la continuidad del trabajo público”, sostuvo Nicolás Santibáñez. El dirigente detalló que la Alianza presentó seis propuestas concretas destinadas a proteger el funcionamiento del Estado y asegurar condiciones laborales dignas para quienes sostienen los servicios públicos.
Entre estas propuestas destaca la reposición íntegra de todas las partidas presupuestarias rechazadas, un “blindaje presupuestario” que impida recortes durante el año 2026, y un mecanismo de reajuste real que recupere el 100% del IPC más un 2% adicional para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Además, se pidió suplementar el déficit inflacionario que afecta especialmente al Poder Judicial, reponiendo los fondos necesarios para garantizar su operación.
Uno de los puntos más sensibles fue la solicitud de financiamiento específico para cumplir con el deber de cuidado que establece la Ley Karin, incluyendo recursos destinados a la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales. “Sin esta asignación, la ley queda en el papel”, advirtió Santibáñez.
Otro aspecto que concitó preocupación fue la posible fusión o eliminación de SEGPRES y SEGEGOB. La Alianza planteó que, lejos de debilitarlas, se requiere fortalecer su rol técnico y político para garantizar una coordinación estatal adecuada y una gobernabilidad democrática efectiva.
Karin Mendoza subrayó la necesidad de abrir espacios formales de participación en el debate presupuestario. “Solicitamos que se permita a la Alianza exponer en la sesión parlamentaria correspondiente, porque este diagnóstico solo puede abordarse con un diálogo que incluya realmente a los tres poderes del Estado”, afirmó. Para la dirigenta, el Presupuesto 2026 debe construirse con una mirada de Estado, no solo financiera: “Lo que está en juego es la certeza jurídica, la paz social y la dignidad de la función pública”.
La audiencia terminó con un compromiso del diputado Barrera de revisar las propuestas y analizar su viabilidad en el marco de la discusión del reajuste del sector público. Para la Alianza, fue un paso necesario en un debate que recién comienza, pero que definirá las condiciones en que funcionará el país durante los próximos años.
