La Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (ANEJUD Chile) informa a sus bases y a la opinión pública que este 17 de noviembre, en el marco de su mandato legal y gremial, interpuso un recurso de protección ante los tribunales superiores de justicia con el fin de resguardar la salud mental y la integridad psíquica de las y los funcionarios de la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica.
Esta acción judicial responde al grave hecho ocurrido el pasado 13 de noviembre en dependencias de la Corte, así como a la posterior exigencia de mantener la continuidad de las funciones bajo un régimen de normalidad presencial, sin considerar el impacto emocional y psicológico que esta situación generó en toda la dotación.
El Presidente Nacional de ANEJUD Chile, Nicolás Santibáñez Ramírez, presentó este recurso con el propósito de:
- Exigir la adopción inmediata de medidas de resguardo y contención, tales como el Teletrabajo Extraordinario y Turnos Éticos, para mitigar los efectos del trauma colectivo experimentado por funcionarios de todos los estamentos de la Corte.
- Relevar y hacer exigible el Deber de Cuidado que recae en el empleador, asegurando que la salud laboral y ocupacional sea tratada como un eje central y prioritario en la gestión institucional.
- Promover un enfoque preventivo integral, que permita superar fallas sistémicas en materia de control de riesgos y establecer protocolos que no expongan la vida de trabajadores ni impliquen recurrir a la muerte de un agresor como mecanismo de reducción.
ANEJUD Chile enfatiza que estos hechos deben marcar un punto de inflexión para robustecer la protección de las y los trabajadores del Poder Judicial, en coherencia con los estándares internacionales y con los principios establecidos en la reciente Ley 21.643, orientada a prevenir y erradicar la violencia, el acoso laboral y sexual en el trabajo.
Asimismo, la Asociación solicitó la conformación inmediata de una Mesa de Trabajo con todas las organizaciones gremiales del Poder Judicial, con el fin de revisar y modificar las matrices de riesgo institucionales, garantizando así un entorno laboral verdaderamente seguro y digno.
