La Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile (Anejud) manifestó su profunda preocupación por la situación laboral actual de los funcionarios de los Tribunales de Familia en todo el país. Hecho que fue oficiado a la Corte Suprema esta semana.
En el oficio, Anejud destacó la carga de trabajo significativa causada por la entrada en vigencia de diversas leyes, como el retiro de fondos de pensiones y la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, entre otras. Para el gremio, esta sobrecarga afecta el funcionamiento normal de los juzgados, comprometiendo la calidad del servicio judicial.
Las principales preocupaciones expresadas en el documento enviado a la Corte Suprema son:
- Un alarmante aumento en las causas de Medida de Protección, sobrepasando las capacidades y recursos disponibles.
- Dificultades para cumplir con plazos establecidos en casos de cumplimiento de Medidas de Protección y de Alimentos.
- Mayor demanda de atención presencial y telemática, generando demoras en las respuestas a los usuarios.
Además, el gremio puso énfasis en la falta de diferenciación horaria en algunos tribunales, lo que lleva a jornadas laborales extendidas sin tiempo suficiente para el cumplimiento de tareas.
Otro aspecto destacó la organización en su oficio, fue la ausencia de participación del estamento gremial en decisiones y mejoras operativas, motivo que hizo que el gremio solicitara a la autoridad una revisión exhaustiva de dotaciones de personal y la implementación de estrategias de automatización.
La falta de interconexión informática con instituciones como el Registro Civil y Ministerio Público también fue consignado como un problema, pues a juicio de la Asociación, afecta la eficiencia en diversos procesos judiciales.
Ante esta situación crítica, ANEJUD solicitó urgentemente la intervención de la autoridad para asignar los recursos necesarios y garantizar el buen funcionamiento de los Tribunales de Familia. También expresó preocupación por la incertidumbre de los funcionarios cuyos contratos terminan en diciembre, sin saber si habrá continuidad y dotación para el 2024.
