Este 14 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel Pullman el seminario internacional “Igualdad de Género en el Acceso a la Justicia en las Américas desde un enfoque interseccional” organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) hasta donde se trasladaron las dirigentas nacionales de Anejud, Claudia Oporto y Marianela Herrera, y la dirigenta regional de San Miguel, Eliana Godoy.
Durante la jornada, se expuso acerca de la importancia de la interseccionalidad como categoría conceptual y jurídica para la igualdad y la no discriminación, donde la decana y profesora de la Universidad Wilfrid Laurier de Ontario, Canadá, Jenna Hennebry puso énfasis en que entender el concepto y la manera en que diferentes identidades influyen sobre el acceso a derechos y oportunidades.
¿Por qué género y acceso a la justicia?
La discriminación que sufren las mujeres supone un obstáculo contra el acceso a la justicia que se ve agravado por alguna causa de vulnerabilidad, expresó Roxana Arroyo Vargas,
Profesora Investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), UNiversidad de posgrado de Ecuador y Vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género, quien presentó algunas medidas y políticas orientadas a aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y fomentar un sistema de justicia que haga avanzar los derechos, oportunidades y participación de las mujeres, reconociendo la necesidad de conjugar la igualdad formal con la igualdad sustantiva.
Otros temas abordados en la jornada fueron, el Derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia, donde se dio cuenta de los obstáculos al acceso a la justicia de mujeres en sus diferentes situaciones desde la concepción de políticas y programas de organismos multilaterales. Además, se plantearon los desafíos en relación con las desigualdades de género en el acceso a la justicia en diversos países de la región desde el modelo actuación para orientar, asistir y proteger a las mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia en el Cantón de Upala, Costa Rica; el protocolo de atención a mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad en Chile y el protocolo para el acceso de las mujeres rurales a la justicia y la tierra en Colombia.
