El Directorio Nacional de Anejud solicitó formalmente a la presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz, adoptar medidas urgentes para fortalecer el funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual (OJV), luego de los recientes episodios de ingreso masivo de escritos que han impactado a tribunales con competencia civil a nivel nacional.
A través del Oficio N.º 119/2026, enviado este martes 28 de julio, la organización manifestó su preocupación por el ingreso de más de 78 mil presentaciones atribuidas a un solo abogado, una situación que, a juicio de Anejud, evidencia una vulnerabilidad que debe ser abordada antes de que episodios similares puedan comprometer seriamente la continuidad operacional de los tribunales.
Para Anejud, el problema trasciende un hecho puntual. La organización ha advertido en distintas instancias institucionales sobre la necesidad de revisar el funcionamiento de la OJV y, particularmente, la ausencia de mecanismos tecnológicos capaces de detectar y controlar ingresos masivos que puedan generar una sobrecarga extraordinaria sobre las unidades judiciales.
Modernización sí, pero con resguardos
Anejud reconoce que la digitalización del sistema judicial y el acceso remoto a la justicia constituyen avances fundamentales que deben ser preservados y profundizados. Sin embargo, advierte que la transformación tecnológica no puede desarrollarse desconectada de sus efectos sobre la organización del trabajo y la capacidad efectiva del sistema para entregar justicia de manera oportuna.
Cuando una plataforma permite procesar volúmenes extraordinarios de presentaciones sin mecanismos suficientes para identificar situaciones anómalas, las consecuencias no quedan circunscritas al ámbito tecnológico: la carga termina trasladándose a funcionarias y funcionarios que deben gestionar esos ingresos, mientras los tribunales continúan atendiendo sus tareas habituales y las necesidades de miles de usuarios.
Por ello, para Anejud, avanzar hacia una justicia digital moderna requiere incorporar criterios de seguridad, prevención y sostenibilidad laboral. La tecnología debe contribuir a mejorar el servicio judicial y no transformarse en un factor que multiplique cargas de trabajo de manera desproporcionada.
El desafío adquiere especial relevancia ante el creciente desarrollo de sistemas de automatización e inteligencia artificial, herramientas capaces de generar y procesar información a una escala inédita. Su incorporación al ámbito judicial abre importantes oportunidades, pero también exige reglas claras para impedir que un uso intensivo o abusivo de estas tecnologías termine afectando el funcionamiento del sistema.
Seis medidas para fortalecer la Oficina Judicial Virtual
En su presentación ante la Corte Suprema, Anejud propone revisar integralmente el procedimiento de ingreso de escritos a través de la OJV e incorporar mecanismos tecnológicos que permitan detectar y prevenir presentaciones masivas capaces de alterar el funcionamiento normal de los tribunales.
Asimismo, solicita evaluar límites, validaciones y controles automatizados para identificar comportamientos anómalos; estudiar mecanismos de verificación tecnológica, como sistemas CAPTCHA y controles asociados al volumen o frecuencia de los ingresos; y avanzar hacia una política institucional que regule el uso de inteligencia artificial y procesos automatizados en la presentación masiva de escritos.
La organización plantea además fortalecer las condiciones de uso de la Oficina Judicial Virtual y los protocolos de actuación frente a situaciones extraordinarias que puedan amenazar la continuidad operacional.
A ello suma una propuesta central: instalar una mesa de trabajo con los gremios del Poder Judicial, de manera que las decisiones sobre el fortalecimiento de la plataforma incorporen la experiencia concreta de quienes trabajan diariamente con ella y conocen directamente sus impactos y dificultades.
Tecnología al servicio de las personas y de la justicia
Anejud enfatizó que estas propuestas no buscan establecer barreras para el ejercicio de derechos procesales ni limitar el acceso de las personas a la justicia.
El desafío, por el contrario, es garantizar que la modernización tecnológica sea compatible con un sistema judicial capaz de responder adecuadamente a la ciudadanía y con condiciones de trabajo que permitan a funcionarias y funcionarios cumplir sus responsabilidades sin enfrentar sobrecargas extraordinarias provocadas por falencias que pueden ser anticipadas tecnológicamente.
El episodio de los más de 78 mil escritos vuelve a instalar una discusión que será cada vez más relevante para el Poder Judicial: cómo incorporar automatización e inteligencia artificial sin que la velocidad y capacidad de estas herramientas superen las capacidades institucionales y humanas encargadas de procesar sus resultados.
Para Anejud, esa discusión debe considerar desde el comienzo a las trabajadoras y trabajadores judiciales. Son ellas y ellos quienes conocen el funcionamiento cotidiano de los tribunales y quienes reciben directamente los efectos de las decisiones tecnológicas adoptadas por la institución.
En ese contexto, el Directorio Nacional manifestó su disposición a participar en las instancias técnicas y mesas de trabajo que impulse la Corte Suprema, aportando la experiencia de funcionarias y funcionarios para construir soluciones que compatibilicen innovación, acceso a la justicia, continuidad operacional y condiciones laborales adecuadas.
