La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud Chile) manifestó este miércoles 8 de octubre su enérgico rechazo a la propuesta de congelar el presupuesto y las remuneraciones del sector público incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación 2026. La medida, presentada por el Ejecutivo en el marco de la discusión parlamentaria, ha generado alarma en los gremios del Estado por su impacto directo en las condiciones laborales y la calidad de los servicios públicos.
Desde la Anejud advierten que el congelamiento de los recursos no solo constituye un error político y económico, sino que representa una falta de reconocimiento al rol esencial que cumplen los funcionarios públicos, especialmente quienes sostienen diariamente la administración de justicia.
“Este tipo de políticas son un retroceso en la dignificación del empleo público y ponen en riesgo el funcionamiento de los servicios judiciales, que ya operan con sobrecarga y dotaciones insuficientes”, señalaron en un comunicado desde la organización.
Entre las principales consecuencias que Anejud identifica se encuentran:
- Deterioro del servicio: el presupuesto congelado limitará la inversión en tecnología, infraestructura y contratación de personal, afectando directamente la capacidad del Poder Judicial para responder con eficiencia y oportunidad a las demandas de la ciudadanía.
- Pérdida del poder adquisitivo: en un contexto de inflación persistente, la congelación salarial implica una reducción real de los ingresos de los trabajadores, golpeando nuevamente a quienes han sostenido el servicio público incluso en las crisis más severas.
- Desconocimiento de acuerdos: la medida vulnera el espíritu del diálogo social y contradice compromisos asumidos previamente en las mesas de negociación del sector público, minando la confianza en las instituciones y el respeto por la palabra empeñada.
Anejud, en representación de miles de funcionarios judiciales, realizó un llamado al Gobierno y al Parlamento a que rectifiquen esta decisión y establezcan un diálogo efectivo con las organizaciones sindicales.
“No se puede exigir mayor eficiencia con menos recursos ni pedir compromiso a quienes son sistemáticamente postergados. La justicia no es un gasto: es la base de la democracia, y sus trabajadores merecen respeto y remuneraciones dignas”, enfatizó el gremio.
Asimismo, la asociación llamó a todas las organizaciones del sector público a mantener la unidad y coordinación frente a este escenario de austeridad que amenaza con precarizar el empleo estatal. ANEJUD anunció que utilizará todas las instancias sindicales, políticas y legales disponibles para revertir esta medida que consideran “perjudicial e injusta”.
El Directorio Nacional del gremio, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales y con la construcción de un Estado fuerte, capaz de garantizar justicia, equidad y servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía. “Cuando se debilita al Estado, se debilita la democracia. Defender el presupuesto público es defender los derechos de quienes sirven y de quienes son servidos por la justicia”, concluyeron desde la organización.
