La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de Chile (Anejud Chile) manifiesta su más enérgico y categórico rechazo al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo bajo el Boletín N.º 17.678-11, que propone modificar sustancialmente el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) y las condiciones de las licencias médicas, afectando gravemente los derechos de trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como del privado.
Desde nuestra organización, que históricamente ha sostenido una defensa irrestricta de los derechos laborales conquistados, advertimos que esta iniciativa representa un grave retroceso en materia de seguridad social y dignidad del trabajo. Su justificación bajo criterios de “ahorro fiscal” se sostiene en casos aislados y en una narrativa mediática de sospecha, que solo refuerza la desconfianza hacia quienes han dedicado su vida al servicio público.
Nos sumamos plenamente a la posición crítica ya expresada por organizaciones de reconocida trayectoria, como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes han alertado sobre el carácter regresivo de este proyecto.
Entre las medidas más preocupantes se encuentran:
- El inicio del pago del subsidio recién a partir del tercer día de licencia médica, sin importar su duración.
- La imposición de topes en el cálculo de la remuneración, lo que reducirá significativamente los ingresos de quienes enfrentan problemas de salud.
- La ampliación de facultades de fiscalización a COMPIN, SUSESO y FONASA, permitiéndoles acceder a información privada, como viajes o actividades recreativas, sin claridad sobre sus límites ni alcances.
- El endurecimiento de criterios para declarar la salud incompatible con el cargo, considerando incluso licencias rechazadas como causal para ceses automáticos, aún sin diagnóstico definitivo.
Estas disposiciones no solo vulneran derechos adquiridos, sino que también promueven una lógica punitiva hacia las y los trabajadores enfermos, en lugar de ofrecer acompañamiento, cuidado y garantías de recuperación.
Desde Anejud Chile afirmamos con convicción que las políticas públicas en salud no pueden construirse desde la sospecha ni los balances contables. Un gobierno que se declara comprometido con la justicia social debe fortalecer los derechos laborales y la protección social, no equiparar precariedades entre sectores ni disminuir derechos ya conquistados.
Rechazamos además que esta iniciativa haya sido elaborada sin diálogo ni participación de las organizaciones sindicales representativas del sector público, quebrantando los principios de buena fe y los acuerdos alcanzados en instancias de trabajo conjunto.
Por todo lo anterior, Anejud Chile exige el retiro inmediato de este proyecto de ley y hace un llamado a sus bases y a todas y todos los trabajadores del Poder Judicial a permanecer organizados, informados y movilizados frente a cualquier intento de debilitamiento de nuestros derechos fundamentales.
¡La salud y la dignidad de quienes trabajan en el Estado no son negociables!
