La Asociación Nacional de Empleadas y Empleados del Poder Judicial (Anejud) en el marco del caso de la funcionaria del Poder Judicial -que no es socia del gremio- detenida por encubrir al presunto asesino del cabo de Carabineros, David Florido Cisterna, a quien habría ocultado durante los últimos días en su domicilio y ante las declaraciones vertidas en algunos matinales y medios de prensa, declara lo siguiente:
1. El Poder Judicial está compuesto por tres estamentos, y uno de ellos es el de empleadas y empleados, donde la mujer acusada trabajaba como encargada de sala del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, antes de su prolongada licencia médica y del cese de sus funciones -incluso antes de producirse el homicidio del funcionario policial-.
2. En la actualidad, el sector cuenta con 12 mil funcionarias y funcionarios que trabajan día a día para administrar y acercar la justicia a la ciudadanía, y en ningún caso un hecho aislado y reprochable, puede enlodar la labor que ejercen miles de empleadas y empleados que en medio de la pandemia llevaron cuantiosas causas en los juzgados de garantía y tribunales de familia, con jornadas laborales completamente desdibujadas producto de los extensos horarios de trabajo que debieron enfrentar en plena crisis sanitaria.
3. Un funcionario o funcionaria judicial no tiene ningún control sobre las órdenes de detención o decisiones judiciales, así como tampoco información sobre los trámites administrativos con constancia escrita que diligencia el personal de carabineros. Por lo tanto, aunque la funcionaria acusada de encubrimiento hubiese estado ejerciendo sus funciones, este hecho no le habría dado una situación de privilegio al imputado para tomar conocimiento con antelación de su eventual detención.
4. Nos parece grave que en algunos medios de comunicación se haya pretendido instalar la versión de una supuesta red de funcionarios judiciales involucrados con delincuentes. Situación que reprochamos y ante la cual exhortamos a la fiscalía a que informe acerca del número de empleados o empleadas judiciales que en los últimos 15 años han sido investigados o condenados por delitos. Seguramente, casos puntuales que en ningún caso representan los 12 mil empleados y empleadas que representamos como organización.
5. Finalmente, queremos ser categóricos en señalar que para ingresar al Poder Judicial y optar a un cargo titular, quienes postulan deben pasar por filtros rigurosos que van desde exámenes psicológicos, pruebas de conocimiento y entrevistas con los administradores de tribunales y jueces. Todos los años las y los funcionarios son sometidos a un proceso de calificación por parte de los propios jueces, y quienes son mal evaluados son desvinculados de la institución.
Directorio Nacional Anejud
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