La Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial (Anejud Chile) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) sostuvieron este viernes una reunión con altas autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Dirección del Trabajo, con el objetivo de abordar una situación que preocupa profundamente al movimiento sindical del sector público: el rechazo reiterado de inscripción de directivas gremiales regionales por parte de la Inspección del Trabajo.
Durante el encuentro participaron el presidente nacional, Nicolás Santibáñez y la secretaria nacional, Karin Mendoza; mientras, que en representación de Anef asistieron, el presidente, vicepresidente y secretario nacional de Anef, José Pérez, Helmuth Griott y Carlos Insunza, respectivamente. Además, de las autoridades del Ministerio del Trabajo, encabezadas por Andrés Bustamante, jefe de gabinete del Ministerio del Trabajo. En la instancia el gobierno se comprometió a instruir a la Dirección del Trabajo para que revise las presentaciones gremiales para buscan revertir la situación.
Por parte de la Dirección del Ttrabajo (DT) también participaron Luis Villazón, jefe de Relaciones Laborales, y el jefe de la Unidad Jurídica, quienes recibieron los antecedentes presentados por ambas organizaciones.
El reclamo de la Anejud
El presidente y la secretaria nacional de Anejud, expusieron los fundamentos de su Oficio N° 639/2025, donde solicita la invalidación de la Resolución Exenta N° 1301-2615/2025 emitida por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, la cual rechazó su recurso de reconsideración por considerarlo “extemporáneo”.
La organización sostiene que dicha decisión impide el funcionamiento y la continuidad de sus regionales, afectando la libertad y autonomía sindical garantizadas por la ley.
Entre los principales argumentos, el gremio denunció la arbitrariedad en la interpretación de la Ley N° 19.296, señalando que la normativa no limita la existencia de más de un directorio por región, e incluso admite la posibilidad de constituirlos por provincia. También se expusieron vicios de procedimiento, como la tramitación errónea de recursos administrativos y notificaciones incompletas que vulneran el debido proceso.
Además, el gremio invocó el principio de confianza legítima, argumentando que la propia Dirección del Trabajo había validado anteriormente la estructura regional de la organización al aprobar sus estatutos. La actual negativa a registrar directivas —afirma el documento— rompe con esa continuidad y genera inseguridad jurídica para las y los dirigentes.
Precedentes y consecuencias prácticas
Anejud respaldó su solicitud con precedentes judiciales favorables, como el caso de ANFUMIP, en el cual el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó a la Inspección dejar sin efecto sus observaciones y proceder con la inscripción del directorio regional.
El problema no es solo jurídico: la falta de registro de las directivas ha provocado dificultades operativas y financieras en las regiones, ya que los bancos exigen certificados de vigencia que hoy no pueden emitirse.
Según Santibáñez en la reunión, «las autoridades acordaron revisar los antecedentes abre la posibilidad de restituir el funcionamiento regular de las directivas regionales y garantizar el respeto a la libertad sindical en el sector público».
