En una reunión sostenida este viernes en la mañana con el director regional de la Dirección del Trabajo de Santiago, Sergio Santibáñez, representantes de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud Chile) y otros gremios del sector público afiliados a la ANEF, denunciaron lo que califican como un actuar arbitrario de la Inspección del Trabajo al rechazar la inscripción legal de sus directorios regionales.
La audiencia, solicitada bajo el mecanismo de lobby, tuvo como objetivo exigir claridad y coherencia en la interpretación de la Ley N.º 19.296, que regula las asociaciones de funcionarios públicos. Las y los dirigentes expusieron una serie de antecedentes jurídicos y administrativos que respaldan la legalidad de su estructura organizativa regional, que ha sido reconocida históricamente sin reparos por la propia Dirección del Trabajo.
“La actual interpretación restrictiva que se nos pretende imponer no tiene sustento en la ley, ni tampoco en la jurisprudencia administrativa vigente de la misma Dirección del Trabajo”, argumentaron los representantes. En particular, cuestionaron la supuesta imposibilidad de coexistencia de múltiples directorios en una misma región, aclarando que el artículo 17 de la Ley 19.296 no limita esta posibilidad e incluso admite la existencia de directorios provinciales.
Desde Anejud, se recordó que esta situación no es nueva, sino parte de una serie de trabas que han dificultado la inscripción oportuna de sus directivas regionales cada vez que se celebran procesos eleccionarios legítimos y democráticos, lo que genera una afectación directa a su autonomía sindical y vulnera principios constitucionales como la libertad sindical y la certeza jurídica.
“La Dirección del Trabajo, que debiera resguardar los derechos colectivos, está generando incertidumbre y debilitando nuestras estructuras de representación. Lo que está en juego aquí no es sólo un trámite administrativo, es el derecho de las y los trabajadores del Poder Judicial a organizarse libremente en sus territorios”, advirtió Nicolás Santibáñez, presidente nacional de Anejud.
En la misma línea, los gremios presentes recalcaron que al momento de aprobar sus estatutos, la Dirección del Trabajo no presentó reparos respecto a su división político-territorial, lo que refuerza la existencia de un principio de confianza legítima por parte de las organizaciones. Frente a esta situación, exigieron que se reviertan los rechazos y se permita la inscripción inmediata de los directorios, o bien, se autorice una inscripción provisional mientras se resuelve judicialmente el conflicto.
“La DT no puede extralimitarse en sus funciones interpretando la ley en contra de los propios principios que debe proteger. Lo que solicitamos no es un favor: es el ejercicio pleno de derechos reconocidos legal y constitucionalmente”, concluyó el presidente de Anejud.
Por su parte, la secretaria nacional de Anejud, Karin Mendoza anunció que, en caso de no obtener una solución administrativa, agotará todas las instancias judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar el respeto a su estructura sindical y la efectiva representación de sus bases territoriales.
