La justicia no puede seguir sosteniéndose sobre el agotamiento de sus trabajadoras y trabajadores. Esa es la advertencia que Anejud Chile, junto a otras cuatro organizaciones del Poder Judicial, dirigió al Ejecutivo y al Congreso Nacional ante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público.
En una declaración suscrita este 13 de octubre, las organizaciones expresaron su preocupación y oposición a una propuesta que, según señalaron, mantiene sin respuesta dos problemas estructurales: la insuficiencia de personal frente a la creciente carga de trabajo y las inequidades salariales que persisten al interior de la institución.
El comunicado fue firmado por el presidente nacional de Anejud, Nicolás Santibáñez Ramírez, junto a los representantes de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud), la Asociación de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial (Ancot), la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (Anfucapj) y la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ).
Sobrecarga que repercute en la atención a las personas
Las organizaciones alertaron que los tribunales y la Corporación Administrativa del Poder Judicial enfrentan un aumento sostenido de causas, al que se suma la entrada en vigencia de nuevas leyes sin el financiamiento necesario para reforzar los equipos.
De acuerdo con la declaración, esta situación ha sobrepasado los límites tolerables de carga laboral, con consecuencias para la salud del personal y los tiempos de respuesta del sistema judicial. La preocupación gremial vincula así las condiciones de trabajo con el acceso de las personas a una justicia oportuna y efectiva.
Para enfrentar este escenario, las asociaciones exigieron ajustar las partidas presupuestarias y financiar refuerzos de dotación en las materias y jurisdicciones que presentan mayor sobrecarga.
El segundo eje del planteamiento es la postergación de las demandas por equidad remuneratoria. Los gremios sostuvieron que las distorsiones salariales afectan la carrera funcionaria y dificultan la retención de capacidades técnicas indispensables para el funcionamiento de la institución.
Asimismo, recordaron que estas demandas se han discutido con distintos gobiernos y que, en 2023, hubo una respuesta únicamente para los ministros de la Corte Suprema, mientras quedaron pendientes las necesidades de los demás escalafones.
Ante ello, solicitaron un compromiso formal, con plazos definidos, para corregir integralmente las inequidades vigentes.
Mesa con participación de los gremios
Las cinco organizaciones demandaron la instalación inmediata de una mesa técnica y resolutiva con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Mixta de Presupuestos, con participación de las asociaciones del Poder Judicial.
El llamado busca que la discusión presupuestaria se traduzca en respuestas concretas para quienes sostienen diariamente el servicio de justicia y atienden a la ciudadanía en todo el país.
“El buen servicio de justicia no puede continuar sosteniéndose sobre el agotamiento y la postergación de sus trabajadoras y trabajadores”, concluye el comunicado.
