La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud Chile) informa que, tras las gestiones realizadas ante la Corte Suprema se logró la dictación del Acta 302-2025, la que modifica los efectos del Acta 188-2025 y permite resguardar la situación laboral de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial.
Esta resolución responde a las observaciones y solicitudes planteadas por ANEJUD, orientadas a evitar impactos negativos en la carrera funcionaria y en la organización interna de los tribunales.
“Este resultado demuestra, una vez más, que la unidad gremial es la principal herramienta de defensa frente a decisiones que amenazan la estabilidad laboral. Gracias a la organización colectiva, fue posible frenar en primera instancia una medida que habría tenido consecuencias devastadoras para cientos de colegas”, señaló el presidente del gremio, Nicolás Santibáñez.
Principales efectos de la modificación
La resolución obtenida permite blindar de forma permanente la situación de quienes mantenían dualidad de cargos al año 2016, evitando retrocesos que habrían significado un daño irreparable a su carrera funcionaria. Además, se extendió el plazo de opción hasta el 30 de junio de 2026, entregando certezas y tiempo razonable para decisiones que impactan directamente la vida laboral y personal de las y los trabajadores.
Otro punto central fue la protección de administradores y jefaturas de unidad de las Cortes de Apelaciones, evitando un vacío institucional que habría afectado gravemente la gestión y continuidad del servicio judicial en distintas regiones del país.
Entonces, qué logramos
- Si tenías dualidad de cargos al 2016, ¡tu condición queda blindada de forma permanente!
- Logramos extender el plazo de opción hasta el 30 de junio de 2026.
- Administradores y Jefes de Unidad de Cortes de Apelaciones quedan protegidos para evitar el vacío institucional.
El directorio nacional de Anejud también señaló que este avance no agota el trabajo pendiente. La organización continuará impulsando gestiones para abordar la situación de quienes ingresaron al régimen de dualidad entre los años 2017 y 2025, con el objetivo de que se respete la confianza legítima y se otorguen soluciones que protejan su estabilidad laboral. En ese marco, se evalúan acciones administrativas y judiciales.
Este resultado se enmarca en el trabajo colectivo desarrollado por la organización y en la participación activa de sus afiliadas y afiliados a nivel nacional.
La organización se mantendrá informando oportunamente sobre los próximos pasos de este proceso.
