Este 20 y 21 de noviembre, en el recinto Los Cipreses de Loncura, se vivió una de las instancias más significativas del año para los gremios del Poder Judicial. Convocadas y promovidas por Anejud Chile, las directivas de ANMM, Anejud, ANCOT, APRAJUD y OTJ se reunieron para dar vida a la Segunda Jornada de Reflexión, un espacio que, más que una actividad formal, fue un encuentro honesto, crítico y profundamente necesario frente al complejo momento institucional que atraviesa el Poder Judicial.
El ambiente de Loncura permitió que las delegaciones trabajaran con un tono distinto: más cercano, más franco, más dispuesto a enfrentar los problemas sin eufemismos. Allí se discutió con respeto, pero también con fuerza, sobre las tensiones que viven a diario las y los funcionarios judiciales y sobre la urgencia de que la institución dé un giro en materia de gestión, condiciones laborales, probidad y bienestar.
La conversación se centró en cinco áreas que hoy atraviesan la vida laboral de miles de trabajadores: la salud mental —fuertemente golpeada tras los hechos ocurridos en la Corte de Apelaciones de Arica—, los derechos fundamentales, la carrera funcionaria, las remuneraciones, la gobernanza judicial y la creciente crisis de confianza ciudadana. Las organizaciones coincidieron en que no basta con diagnosticar: es tiempo de exigir respuestas concretas y, sobre todo, de actuar con unidad.
Uno de los principales compromisos adoptados fue elaborar un documento común que recopile medidas prácticas para abordar cada una de estas temáticas, con un plazo máximo de diez días. Las asociaciones también acordaron movilizarse para que el reajuste del sector público 2026 se aplique íntegramente a las remuneraciones del Poder Judicial, rechazando cualquier discriminación o intento de dejar a los trabajadores nuevamente al margen.
La salud mental fue uno de los temas que más atravesó la jornada. No solo por su relevancia cotidiana, sino porque los hechos de Arica golpearon profundamente al mundo judicial. En Loncura se expresó con claridad que la institución ya no puede seguir postergando este debate ni minimizando lo que viven sus trabajadoras y trabajadores. Se pidió a la Corte Suprema y a la CAPJ reconocer abiertamente la crisis y adoptar medidas reales para humanizar los espacios de trabajo y prevenir hechos similares.
En medio de esa conversación colectiva, el presidente de Anejud, Nicolás Santibáñez, planteó una reflexión: “Lo que ocurrió en Loncura fue un acto de responsabilidad colectiva. No vinimos a repetir diagnósticos: vinimos a decirle al Poder Judicial que no aceptaremos retrocesos y que nuestra gente merece condiciones dignas, transparentes y humanas para poder servir al país”.
La Jornada de Reflexión cerró con una sensación compartida, la certeza de que solo con unidad gremial será posible enfrentar los desafíos que se avecinan. Loncura no fue un retiro ni una formalidad; fue una señal clara de que las organizaciones del Poder Judicial están dispuestas a construir una estrategia conjunta, firme y sostenida, que ponga en el centro la dignidad laboral y la defensa de la justicia como servicio público.
