Durante el semestre 2023, las Asociaciones Gremiales del Poder Judicial -entre ellas Anejud- han levantado su voz en múltiples ocasiones. Con la posible culminación de la Alerta Sanitaria y el Protocolo COVID del Poder Judicial este 31 de agosto, las asociaciones han solicitado repetidamente al Pleno de la Excma. Corte Suprema la creación de una Mesa de Trabajo. Su objetivo: revisar y modificar el Acta N° 41 del 2020, que regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial.
Sin embargo, a pesar de la insistencia, esta Mesa de Trabajo no ha visto la luz. En su lugar, la Comisión de Ley de Tramitación Electrónica LTE, compuesta por dos Ministros de la Corte Suprema, ha iniciado un proceso de consulta. Pero este proceso, lejos de ser inclusivo, busca únicamente recopilar opiniones de manera separada de los distintos Gremios del Pjud.
Las Asociaciones Gremiales, representantes de miles de profesionales y empleados del Poder Judicial, han expresado su descontento con este enfoque. Consideran que el proceso carece de los elementos esenciales para garantizar una participación plena y significativa, lo que representa una grave omisión dada la magnitud de las decisiones en juego.
Es imperativo recordar que nuestro país ha firmado convenios internacionales, como el Convenio 87 y el Convenio 98 de la OIT, que exigen la creación de mecanismos que permitan a los trabajadores y a sus representantes tener un papel relevante en decisiones que afecten su labor.
Lamentablemente, en este caso, es evidente que no se han respetado dichas obligaciones. Además, se ha incumplido el compromiso de «Justicia abierta», que va más allá de simplemente solicitar información. Se trata de garantizar participación y colaboración activa, algo que actualmente no se está cumpliendo.
Por ello, hacemos un llamado urgente a la Corte Suprema: es esencial corregir esta situación. Las decisiones sobre el futuro del trabajo, ya sea virtual o presencial, deben ser tomadas con la participación activa de quienes serán directamente afectados. Es una cuestión de respeto a los compromisos laborales y a la justa representación de los trabajadores en nuestro país.
