Sin medidas cautelares y manteniendo su grado de juez, finalizó la audiencia de formalización de la investigación de quién fuera designado relator en la Corte de Apelaciones de Rancagua e imputado por el delito de abuso sexual, Luis Barría. Esta situación causó la inmediata reacción de distintos grupos de mujeres, debido a la ausencia de restricciones para el imputado.
«Nos extraña que el señor Barría aún ostente el cargo de juez y no se hayan decretado las medidas cautelares que se ha solicitado por la parte querellante. Continuaremos apoyando a nuestras socias y demandando espacios libres de violencia y abuso sexual», señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Empleadas y Empleados Judiciales (Anejud Chile), Lilian Huanca, quien se trasladó hasta Rancagua, acompañada de las directoras nacionales, Claudia Oporto, Raquel Arias y Marianela Herrera; y las representantes de la Regional Santiago, Marcela Segovia y Gema Águila; y de la Regional Rancagua, Sandra Cáceres, para estar presente en la formalización. Esto, pese al amedrentamiento que recibieron las gremialistas en la entrada del tribunal.
De acuerdo a lo señalado por la fiscal del caso, Carmen Gloria Agurto, no solicitó medidas cautelares, ya que a su parecer se debe interponer una querella de capítulos para pedir alguna medida restrictiva. De igual forma, la querellante Katherine Villagra, había requerido la prisión preventiva.
Cabe recordar que de acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, a Barría se le imputa el delito de abusó sexualmente en contra de una funcionaria del Poder Judicial el año 2018. La agresión fue denunciada y acreditada por la Superintendencia de Salud.
Luego de realizar la denuncia y tal como se consignó en la audiencia, la víctima ha sido maltratada y hostigada por parte de funcionarios/as del Juzgado de Garantía de Rancagua, hechos por los que se abrió un sumario administrativo, ya que se acreditó que la mujer ha sufrido graves problemas de salud debido al ambiente laboral al que se ha tenido que enfrentar.
Ante tal situación, se solicitó al Poder Judicial y a la Corte Suprema efectuar medidas de mitigación, como el traslado de los agresores y el cambio de funciones del resto de los trabajadores para no tener contacto con la víctima.
Sin embargo, las medidas no se han cumplido, ya que Barría trabaja a menos de 800 metros de la víctima y el resto de los funcionarios implicados también siguen en los mismos cargos.
Luego de la audiencia de formalización, el Tribunal de Garantía de Rancagua decretó un plazo de 120 días de investigación.
