La remoción del exjuez del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Hernán Barría Alarcón, constituye un hito de justicia y confirma la importancia de sostener, sin ambigüedades, a quienes deciden denunciar situaciones de abuso y violencia sexual en el trabajo.
La salida definitiva de Barría del Poder Judicial se produjo como consecuencia de la condena penal por abuso sexual propio en perjuicio de una funcionaria administrativa y socia de Anejud Chile. La sentencia, dictada en septiembre de 2025, fue confirmada por la Corte Suprema en mayo de este año, quedando firme una pena de 541 días, sustituida por libertad vigilada intensiva, además de las inhabilidades legales para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.
Este desenlace no puede comprenderse sin reconocer la valentía de las socias que alzaron la voz. Denunciar a una autoridad judicial implicó enfrentar un proceso extenso y complejo, marcado por años de tramitación, dilaciones, hostigamientos a denunciantes y testigos, y el temor que muchas veces genera la desigualdad de poder al interior de las instituciones.
Desde el inicio de la causa, Anejud Chile acompañó a las funcionarias afectadas en cada etapa del proceso. La organización estuvo presente en audiencias, entregó respaldo político y gremial, contribuyó a la visibilización pública del caso y brindó contención a quienes enfrentaron una causa de enorme carga emocional, personal e institucional.
Este acompañamiento fue sostenido por el directorio nacional y por la directiva regional de O’Higgins, encabezada por Paulina Órdenes, dando una señal clara respecto a que la defensa gremial no se agota en los derechos laborales, sino que también exige proteger la dignidad, integridad y salud de las personas trabajadoras.
La remoción del exmagistrado se conoce, además, en un contexto en que otra magistrada de la jurisdicción de Rancagua obtuvo una sentencia favorable en sede laboral, luego de denunciar acoso sexual y la insuficiencia de las medidas de protección adoptadas. La resolución ordenó acciones de reparación e intervención institucional, evidenciando que no basta con que existan protocolos: estos deben activarse de manera oportuna, eficaz y con perspectiva de género.
El presidente nacional de Anejud Chile, Nicolás Santibáñez, se refirió a la remoción como “un triunfo a la valentía de nuestras compañeras y a la fuerza de la verdad. Confiamos sin ninguna duda en la palabra de las víctimas y de ahí nuestra convicción de acompañarlas hasta el final. Ninguna trabajadora ni trabajador del Poder Judicial debe sentirse solo frente al abuso, el acoso o el maltrato”.
Para Anejud Chile, este caso deja una lección ineludible: el Poder Judicial debe garantizar espacios laborales libres de violencia, acoso sexual, malos tratos y abuso de poder. Esta exigencia se refuerza con la ratificación por parte de Chile del Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. La prevención, protección, investigación y reparación no pueden seguir dependiendo de la persistencia de las víctimas ni de la capacidad de las organizaciones para sostenerlas.
