Esta semana, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del ex juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Hernán Barría Alarcón, dejando firme la sentencia dictada en septiembre de 2025 que lo condenó a la pena de 541 días de presidio, sustituida por libertad vigilada intensiva, en calidad de autor del delito consumado de abuso sexual propio de mayor de 14 años, cometido en agosto de 2018 al interior de una sala de audiencias del mismo tribunal.
Con esta resolución, el máximo tribunal cerró judicialmente una causa que se extendió por más de seis años y que expuso, de manera brutal, las profundas dificultades que aún existen para denunciar violencia y abuso de poder al interior del propio Poder Judicial.
No se trata solo de una sentencia penal. Se trata también de una señal institucional y social que obliga a reflexionar sobre cómo opera el miedo, el silencio y la subordinación en espacios altamente jerarquizados, donde denunciar a una autoridad puede significar aislamiento, descrédito, afectación emocional e incluso temor respecto del futuro laboral.
Los hechos ocurrieron en 2018 y afectaron a funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua. Durante años, las denunciantes debieron enfrentar no solo la lentitud de los procesos judiciales y administrativos, sino también cuestionamientos, hostigamientos y un desgaste humano enorme. Algunas situaciones incluso quedaron fuera de persecución penal debido a la prescripción de antecedentes que solo pudieron emerger cuando las víctimas lograron superar el miedo reverencial que existe frente a la figura de un juez dentro de un tribunal.
Eso es algo que muchas veces no se comprende desde afuera. En el Poder Judicial las relaciones laborales están atravesadas por estructuras de poder particularmente rígidas. La palabra de una funcionaria no pesa lo mismo que la de un magistrado. Existe temor a represalias, a perder oportunidades laborales, a quedar marcadas dentro de un sistema pequeño y profundamente jerarquizado. Por eso, cuando una víctima logra hablar, casi nunca lo hace de inmediato. Lo hace después de meses o años de angustia, dudas y silencios forzados.
La reciente resolución de la Corte Suprema no borra todo ese daño. Tampoco devuelve el tiempo perdido ni repara completamente el sufrimiento vivido por las trabajadoras afectadas. Pero sí constituye un hito importante: confirma que las denuncias eran reales, valida el relato de las víctimas y demuestra que incluso dentro de instituciones históricamente cerradas es posible avanzar hacia mayores niveles de responsabilidad. La resolución descartó además cualquier vulneración al debido proceso alegada por la defensa, ratificando plenamente la sentencia condenatoria.
Este caso también tuvo una dimensión administrativa relevante. Paralelamente a la causa penal, la Corte Suprema desarrolló un sumario interno por acoso sexual y sancionó al entonces magistrado con suspensión de funciones y reducción de remuneraciones, reprochando institucionalmente su conducta.
Sin embargo, sería un error pensar que este fallo resuelve el problema de fondo. El caso Barría debe ser entendido como una advertencia sobre las falencias estructurales que aún persisten en materia de prevención, protección y acompañamiento frente a situaciones de violencia y abuso dentro del Estado.
Chile ha avanzado en normas importantes, como el Convenio 190 de la OIT y la Ley Karin, que reconocen el derecho de las personas a trabajar en espacios libres de violencia y acoso. Pero las leyes, por sí solas, no transforman culturas institucionales arraigadas durante décadas. Se requiere voluntad real, mecanismos eficaces de denuncia, garantías de protección para las víctimas y, sobre todo, un cambio profundo en la manera en que entendemos el poder dentro de nuestras instituciones.
Como Anejud acompañamos este proceso desde sus inicios, porque creemos que defender los derechos laborales también implica defender la dignidad de quienes trabajan en tribunales. No puede existir justicia hacia afuera si al interior del sistema judicial persisten espacios de abuso, silencios impuestos o temor frente a quienes detentan autoridad.
El Poder Judicial tiene hoy una oportunidad histórica. No solo para sancionar hechos graves cuando ocurren, sino para construir una cultura institucional distinta, donde ninguna funcionaria vuelva a sentir que denunciar significa arriesgarlo todo.
Porque cuando una trabajadora demora seis años en encontrar justicia, lo que está en cuestión no es únicamente la conducta individual de un agresor. Lo que está en cuestión es la capacidad de una institución completa para proteger a quienes la sostienen día a día con su trabajo.
Como Asociación Nacional de Empleadas y Empleados del Poder Judicial estaremos atentos y observantes, defendiendo siempre los derechos, la dignidad y la integridad de nuestras asociadas y asociados, para que nunca más un hecho como este vuelva a repetirse al interior de nuestra institución. Esperamos también que este caso marque un precedente y sea una señal clara para que situaciones de abuso, violencia y acoso no tengan cabida en ningún servicio público del país.
Por Nicolás Santibáñez
Presidente Nacional de Anejud
